El problema del uso indebido de drogas constituye en la década de los noventa una de las principales preocupaciones de la sociedad española y de la comunidad internacional. Este hecho impulsó al Gobierno de la Nación a crear en 1985, a propuesta del Congreso de los Diputados, un Plan Nacional sobre Drogas destinado a desarrollar una política coherente y coordinada frente a esta problemática. Respondiendo a estas mismas razones, se inició durante la V Legislatura la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de la Droga.
El informe aprobado por la Comisión Mixta en diciembre de 1995 plantea la necesidad de revisar los diferentes objetivos y estrategias del Plan Nacional para propiciar su más eficaz adecuación a las necesidades actuales que genera la problemática de las drogas en nuestro país y destaca que la prevención frente al consumo indebido de drogas debe ser el objetivo prioritario de la intervención pública y ha de ser una tarea del conjunto de la sociedad, de los poderes públicos, de las ONGs, de la comunidad escolar, de la familia y de los medios de comunicación.
De aquí que el Plan Nacional sobre Drogas haya adoptado el impulso y ordenamiento de las medidas preventivas como la máxima prioridad de actuación, reorientando sus políticas generales hacia el desarrollo de programas preventivos globales, con un desarrollo metodológico riguroso, amplia participación social y susceptibles de evaluación. Tanto es así que en la sesión de la Comisión Técnica Interautonómica del pasado 2 de julio de 1996 se acordó por unanimidad la creación de una ponencia técnica dirigida a establecer los criterios básicos de homologación que deberán regir las actuaciones preventivas en el conjunto del Estado.
Reconociendo los avances realizados en materia de prevención y en la aplicación de experiencias de coordinación institucional orientadas a este fin, no se puede considerar que la situación actual sea satisfactoria. Por lo que se hace apremiante un impulso de las políticas preventivas que posibiliten la rentabilización de los recursos desplegados y la generalización de la intervención preventiva dotándola de una metodología eficaz ante los nuevos retos que en el día a día surgen en el ámbito de las drogodependencias.
Este desarrollo metodológico debe contemplar desde la definición de los contenidos y poblaciones destinatarios, el diseño y la aplicación de las estrategias preventivas hasta su evaluación y, por lo tanto, la constatación de su virtual eficacia. La necesidad de unificar aquellos criterios de intervención capaces de orientar las políticas de los diferentes órganos de la Administración en sus respectivos ámbitos competenciales, aconsejó una composición amplia del grupo de trabajo. En el mismo han participado representantes de siete planes autonómicos, un representante del Ministerio de Educación y Cultura y tres de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Tanto el desarrollo de los contenidos como la metodología de trabajo se han decidido por consenso. El documento que se presenta a continuación recoge las diferentes aportaciones realizadas por los componentes del grupo de trabajo e incorpora cuestiones que han sido debatidas en las sesiones celebradas. También introduce aportaciones que se han realizado en la Comisión Interautonómica en la que fue presentado y consensuado el primer borrador (24 de octubre), y por último, aquellas otras realizadas por las Comunidades Autónomas con posterioridad.
En conjunto, podemos señalar con satisfacción que esta "Ponencia Técnica sobre Criterios Básicos de Intervención en los Programas de Prevención de las Drogodependencias", consensúa el marco que, desde el Plan Nacional sobre Drogas, se propone para la realización de las actuaciones preventivas en nuestro país. Este marco, lejos de tener un carácter definitivo, es un primer paso en el camino que lleva a optimizar este tipo de actuaciones a través de las sucesivas revisiones que en el futuro se irán realizando. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que les son propias, estimarán en cada caso la oportunidad y aplicabilidad de las propuestas que recoge el presente documento y que en ningún caso tiene pretensiones normativas, siendo su carácter el de instrumento orientador nacido desde el consenso de las estructuras que configuran el Plan Nacional sobre Drogas.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de la Droga, entiende que este documento es un instrumento válido para la consecución de la propuesta que dicha comisión realiza ya que los requisitos que contempla para los programas de prevención de las drogodependencias constituyen una garantía de calidad en cualquier intervención preventiva.
