Foro "La sociedad ante las drogas" - Juventud

 

INTRODUCCIÓN

A iniciativa del Ministerio de Sanidad y El Plan Nacional sobre Drogas, el día 24 de Febrero de 2005 se constituyó El Foro “La Sociedad ante las Drogas”. La iniciativa surge  ante  la necesidad  de sumar esfuerzos para sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias del consumo de drogas.

Esta propuesta no nace solo con la intención de construir un lugar de  reflexión y análisis sino que tiene vocación de llegar a compromisos de acción que permitan hacer frente a esta situación.  Se formula mediante esta propuesta que el problema del consumo de drogas no es solamente una responsabilidad de las Administraciones sino del conjunto de la sociedad en todas sus expresiones organizativas. El Foro se convierte así en un instrumento útil de articulación entre las organizaciones y las administraciones.

El compromiso empieza a funcionar y el Foro se estructura en 3 grupos de trabajo: Familia, Medios de Comunicación y Juventud.

Las organizaciones que formamos parte del grupo de juventud hemos mantenido reuniones a lo largo de todo el año 2005, sobre la base de un acuerdo inicial sobre la centralidad de las políticas preventivas por ser estas las que impulsan de manera más poderosa las posibles soluciones al problema.

A finales del año 2005 terminamos con un documento conjunto,  apoyado y elaborado por todas las organizaciones presentes en este grupo de trabajo, donde se refleja un intento de valorar las políticas preventivas  llevadas a cabo en nuestro país en la última década y fijar nuevas vías de intervención. Estas vías quedan resumidas, aunque están desarrolladas en el documento, en las 21 recomendaciones anexas al mismo.

Nos gustaría hacerte participe de este trabajo y que además nos llegara tu reflexión sobre el mismo.

NOTAS PREVIAS

1. Cuestionar el binomio juventud/consumo de drogas

El consumo de drogas no es patrimonio de ninguna edad. Difícilmente podemos realizar un análisis acertado de los consumos juveniles sin tener en cuenta el contexto socio-cultural en el que la juventud es partícipe de igual forma que los adultos.

Focalizar la atención de forma exclusiva sobre las pautas juveniles de consumo de drogas y resaltar siempre de ellas las de cariz más problemático, corre el riesgo de generar efectos indeseables, entre los que cabe citar:

  • Estigmatización juvenil, en la medida en que se produce una asociación mediática y discursiva entre juventud y consumo de drogas que refuerza una imagen social de éstos en clave de riesgos y problemas.
  • Una actitud social escapista, por cuanto se trataría supuestamente de un asunto que afecta en exclusiva a las personas jóvenes, tranquilizando a la sociedad adulta respecto a sus propios consumos, y eludiendo el necesario análisis crítico sobre los determinantes sociales que favorecen los consumos problemáticos de drogas.
  • Percepciones no ajustadas a la realidad, en la medida que se sobredimensiona el fenómeno y se lanzan permanentemente mensajes que presentan el binomio juventud-drogas como prácticamente indisociable.
  • Un discurso social que subestima las opciones saludables y de autoprotección que la mayoría de los jóvenes adoptan hacia las drogas, lo cual contribuye a la construcción social del problema.

Es deseable que los discursos sociales y las políticas públicas referidas a juventud y consumos de drogas dejen de presentar una imagen tan sesgada y negativa del “ser joven”. Una imagen que en nada ayuda, ni a jóvenes ni a adultos, a disponer de un conocimiento cabal sobre la situación real de las personas en esa etapa vital y a diseñar una política preventiva más efectiva de acuerdo con la realidad y con las necesidades que la sociedad actual demanda.

2. Cambios sociales y cambios en la identidad juvenil

Nuestra sociedad está inmersa en un proceso continúo de transformación  que comporta nuevas contradicciones sociales ante las que los jóvenes viven y se reinterpretan, y ante las que han aparecido formas y contextos diferentes de consumo de antiguas y nuevas drogas.

A lo largo de la década de los noventa, y en los primeros años del siglo XXI, estamos asistiendo a cambios sociales importantes que han afectado de forma notable el hecho mismo de “ser joven”, así como al proceso de incorporación juvenil a la sociedad adulta. Cambios que, entre otros aspectos, han propiciado un desplazamiento de la identidad juvenil del mundo del trabajo hacia el mundo del ocio, con un aumento de actitudes presentistas con las que los consumos de drogas parecen vincularse.

Los consumos de drogas se difunden por el conjunto del tejido social, perdiendo su exclusividad juvenil. Por otra parte, pierden importancia simbólica como indicador de preocupación social en cuanto que la mayoría de tales consumos no llegan a ocasionar efectos dañinos en sus consumidores, al menos a corto plazo, y son realizados por jóvenes integrados socialmente.

3. A la búsqueda de percepciones sociales más equilibradas

La percepción social parece alejarse cada vez más de vivencias de crisis para atribuir al consumo de drogas un carácter más normalizado y menos problemático. Una percepción social que se aleja de apuestas simplificadoras contra las drogas (como las obsoletas llamadas a la “guerra contra las drogas”). Una percepción que, si bien representa una visión más madura del fenómeno que nos ocupa, puede denotar, así mismo, un sorprendente desinterés, particularmente inquietante cuando hablamos de consumos adolescentes. En este sentido, parece razonable buscar un equilibrio que ayude a desterrar el tremendismo característico de otros tiempos, sin caer por ello en la indiferencia social.

Entre muchos jóvenes se otorga mayor “legitimidad” a los consumos de drogas, por observarlos como una modalidad más de consumo en una etapa evolutiva determinada y en relación a un medio festivo y de relación entre iguales. Una situación que contribuye a desdramatizar la percepción social de los consumos de drogas, aunque habrá que observar su evolución para asegurarnos de que descargar de emociones negativas esta representación no nos sitúa en el terreno de la indiferencia. Sobre todo cuando, como señalábamos más arriba, nos referimos a las relaciones de los adolescentes con las drogas.

4.Entre la incertidumbre laboral y las promesas del ocio

La pérdida de relevancia que para los jóvenes tiene el espacio laboral en su proceso de incorporación a la vida adulta se explica, en parte, como resultado de la mayor incertidumbre que caracteriza la vida actual (para los jóvenes, aunque no sólo para ellos), toda vez que los estudios, el trabajo precario y la fragmentación de la socialización laboral dejan de ser garantía para una integración estable en la sociedad adulta.

Como consecuencia de esta mayor incertidumbre, existe un proceso de perdida de relevancia de la cultura del esfuerzo y de la preparación para un futuro a medio plazo (que incluya el acceso al mundo del trabajo, a la vivienda, etc.), en el que los estudios y la formación personal dejan de ser un componente esencial para su proyecto de vida. Un proceso que se presenta justo cuando las actividades de ocio y tiempo libre y el mundo del consumo, en sus más diferentes expresiones, ocupan un lugar central en la vida e identidad de la juventud.

Procesos y dinámicas que pueden reforzar la disposición a asumir mayores riesgos en el consumo de drogas por parte de aquellos jóvenes que, ante la quiebra de su proceso educativo (“fracaso escolar”, déficit de oportunidades de origen…), acceden al mercado laboral en edades tempranas, ocupando puestos poco cualificados y en condiciones de precariedad laboral, como vía rápida de acceso a unos ingresos “a corto plazo” que les permitan participar de la sociedad de consumo de la que reciben, como el resto de la ciudadanía, una considerable presión. La mayor disponibilidad de recursos incrementa las oportunidades de acceso a las sustancias en los espacios de ocio prevalente, lo cual puede ser un elemento clave en la asunción de relaciones más intensas con las drogas.

5. Políticas preventivas integrales e integradoras

Hoy, las políticas de actuación sobre los consumos juveniles de drogas deben partir de una reflexión que considere las relaciones globales que con las diversas sustancias mantiene la ciudadanía de nuestro país. Estas políticas deben atender de forma especial aquellos consumos que se establecen por parte de las personas en situación de mayor riesgo social.

Por otra parte, las relaciones juveniles con las drogas deben considerarse desde el punto de vista de los cambiantes estilos de vida juveniles que las condiciones sociales actuales favorecen, y respecto a los que es preciso favorecer estrategias susceptibles de propiciar una adaptación crítica.

A modo de resumen, debemos considerar que si hace más de tres décadas los problemas relacionados con las drogas afectaban esencialmente a los jóvenes de entonces, en la actualidad aquellos jóvenes son los adultos que ya han vivido plenamente inmersos, al menos en el conocimiento, de tales problemas. La relación con las drogas de los actuales adultos ya no es tan diferente a la relación que pueden mantener los actuales jóvenes.

PROPUESTAS EN TORNO A POLÍTICAS SOBRE DROGAS

1. Políticas preventivas sobre drogas incluidas en un marco global de promoción de la salud y el bienestar

Las políticas de prevención y atención de los perjuicios derivados del consumo de drogas, en tanto que políticas orientadas a fomentar un alto nivel de protección sanitaria, de bienestar y de cohesión social, deben formar parte delas políticas públicas globales deSanidad, Bienestar Social, Educación, Juventud y Justicia e Interior.

Tanto el ámbito de la prevención como el ámbito de la atención a las personas en situación de drogodependencia, deben ser considerados intervenciones especializadas del Sistema de Promoción del Bienestar Social (en cuya definición genérica podemos incluir áreas como educación, juventud y empleo) así como del Sistema de Salud. Este criterio debe expresarse en la asunción explícita de corresponsabilidad respecto a los objetivos de prevenir los riesgos, tanto para la salud física como para la integración psicosocial, mediante el impulso complementario de actuaciones generalistas y especializadas. Obviamente, para lograrlo se requiere que tanto el Sistema de  Promoción del Bienestar Social como el de Salud reconozcan este papel.

2. Políticas específicas sobre drogas

Las políticas preventivas en materia de drogas deben definir en sus planes de acción objetivos estratégicos que permitan, por medio de instrumentos e indicadores adecuados, una evaluación de resultados.

Es por ello necesario priorizar políticas preventivas específicas que definan en mayor medida prioridades, objetivos y criterios de focalización en sus actuaciones, con el fin de optimizar su desarrollo y evaluar su impacto real.

Definitivamente debe renunciarse a mantener políticas inespecíficas que terminan por perderse en lo global, pero que en ninguna forma acotan un marco de actuación propio, lo que termina por dificultar un avance real en el logro de objetivos, así como en dotar a la acción preventiva de un carácter prioritario.

Entendemos, pues, que las políticas en materia de prevención de drogas, así como los programas que de ellas se desprenden, deben ser siempre específicas. Políticas y programas que se dotan de metodologías transversales y que complementan otras políticas de carácter global como puede ser Juventud, Educación, Bienestar social y Sanidad.

3. La prevención como núcleo central de las políticas públicas sobre drogas

La prevención viene presentándose desde siempre como un objetivo prioritario de nuestras políticas públicas en materia de drogas, pero dicho enunciado entra en grave contradicción con las prioridades reales que muestra la distribución del gasto público en la materia. Observamos que la principal parte del gasto es orientada al control de la oferta, por medio de actuaciones de sanción al consumidor y penalización a proveedores y traficantes. El resto del gasto se distribuye entre asistencia, organización, prevención, investigación y cooperación internacional, siendo evidente que la mayor parte de esta partida es orientada a asistencia, dedicándose una parte exigua a financiar la inversión preventiva en todos sus componentes y ámbitos de actuación.

El actual déficit de inversión pública en prevención sería subsanable en cuanto se hiciera el ejercicio de evaluar los costes y los beneficios de las políticas que han venido siendo aplicadas hasta la actualidad, para, a partir de su análisis riguroso, reconsiderar prioridades y orientar la acción hacia una mayor eficacia y eficiencia económica y social.

Entendemos que existe la posibilidad de valorar políticas alternativas en materia de drogas quesubsanen el importante déficit existente en medidas preventivas de carácter formativo hacia el conjunto de la población (en especial hacia los jóvenes) con el fin de situar la prevención como núcleo central de las políticas públicas.

4. Inversión y sostenibilidad de las políticas preventivas

En España existen numerosos programas preventivos que son desarrollados desde los ayuntamientos o a través del compromiso directo de organizaciones no gubernamentales, como medio más efectivo para asegurar un acceso próximo hacia los jóvenes. 

La externalización de servicios debe cuidar el que las entidades que los gestionan tengan una buena integración en el tejido social y comunitario sobre el que se va a actuar, puesto que ello termina por afectar la eficacia y efectividad de los servicios.

En materia de prevención de drogas es preciso explorar formas de financiación que aseguren el desarrollo de programas sostenidos en el tiempo, puesto que la financiación actual desde instancias de la administración lleva a muchas de las organizaciones no gubernamentales del sector a una situación de asfixia económica y de incertidumbre respecto a la posibilidad de mantener sus programas en el tiempo.

Es conveniente pues:

  • Incrementar las dotaciones presupuestarias dedicadas específicamente a la prevención. Incremento que podría ser compatible con una reducción global del número de iniciativas apoyadas económicamente, de acuerdo con la filosofía de primar la calidad sobre la cantidad, de optimización de recursos y materiales diseñados y/o utilizados en los programas ya puestos en marcha, que en muchos casos son de una alta calidad, para evitar el empleo permanente de un importante nivel de esfuerzos a la creación de materiales nuevos para cada acción que se inicia. Todo ello sin desatender las necesidades de innovación que la prevención exige y que los destinatarios de las actuaciones preventivas reclaman.
  • Dotar de mayor agilidad administrativa  la gestión de las subvenciones, de forma que se asegure la puntualidad y la regularidad en su percepción, corrigiéndose la presión financiera que pueden experimentar las entidades sociales ante la demora administrativa en las resoluciones de las convocatorias de subvenciones, la inestabilidad laboral que presentan hoy numerosos profesionales destinados a actuaciones preventivas, así como los programas que ellos sostienen.
  • Favorecer que existan asignaciones presupuestarias por vía de convenio que hagan posible el desarrollo de programas plurianuales.

5. Acción participativa de las políticas preventivas

La vocación universal de mejoras sociales de acuerdo con los principios filosóficos que definen nuestro estado social y democrático de derecho, necesita del reconocimiento de la participación social como derecho fundamental que garantiza la libertad y la igualdad efectivas.

La creciente conciencia de responsabilidad ha favorecido la aparición de numerosas iniciativas sociales que es preciso valorar, articular con la acción de los poderes públicos y tener en cuenta en todos los diseños de políticas de drogas.

Es deseable que se facilite y mantenga un canal de comunicación estable entre las administraciones públicas y la amplia gama de representación de la sociedad civil organizada, asegurando el acceso a ámbitos de decisión en los diferentes niveles de las administraciones públicas.

6. Políticas de reducción de daños y riesgos

Proponemos otorgar un papel destacado a la estrategia de Reducción de daños y riesgos,lo que permitiría impulsar la necesaria diversidad metodológica y la individualización razonable de las propuestas. Esto requiere la disponibilidad de recursos suficientes, bien coordinados, variados y complementarios. Implica también la presencia de profesionales bien formados capaces de desempeñar con éxito sus tareas, con una actitud empática y habilidades relacionales, así como con la presencia de afectados y otros voluntarios, adecuadamente formados. Además, apostamos por impulsar acciones que neutralicen las objeciones que desde los sistemas sanitarios y de servicios sociales se manifiestan a las intervenciones desde la perspectiva de Reducción de daños y riesgos, en ocasiones mayores de las que se presentan desde los sistemas de seguridad y control de la oferta.

Entendemos que el modelo de Reducción de daños y riesgos parte de una posición de respeto hacia el usuario adulto de drogas, y trata de favorecer en éste la asunción de responsabilidades en su elección y evitar que adquiera una condición de víctima. Se trata de reducir incidencias negativas relacionadas con el consumo de cualquier sustancia, así como aquellas que son fruto de condiciones sociales que rodean el mundo de las drogas.

Los programas orientados a la reducción de daños deben formar parte de las políticas integrales en materia de drogodependencias, que adquirirán así una perspectiva más globalizadora en la que las diversas situaciones en relación tendrán como correlato el desarrollo de propuestas diferenciadas de intervención.

PLANO METODOLÓGICO DE LA PREVENCIÓN Y DE CAPACITACIÓN DE LOS INTERVINIENTES PREVENTIVOS

1. Desarrollo de conocimiento y buenas prácticas

Entendemos como necesario el desarrollo continuo de conocimiento a partir de una cultura de intercambio y buenas prácticas que, desde una perspectiva multidisciplinar alejada de metodologías que jerarquizan en términos corporativos el conocimiento, aporte evidencia científica en contraste con la sociedad (eficacia y funcionalidad) sobre las distintas estrategias que se aplican para que sean guía en la labor de los profesionales en su quehacer básico.

La acción científica debe mostrarse imparcial respecto a opciones morales o de compromiso con un modelo de rechazo frontal o de aceptación acrítica del consumo. La difusión de hipótesis científicas no contrastadas puede tener consecuencias indeseables como el aumento injustificado de la alarma social o, por el contrario, la indiferencia social, y obstaculizar  la relación adulta con los usuarios reales o potenciales de drogas, debido a la perdida de credibilidad que conlleva difundir información que contradice su propia experiencia.

A modo de ejemplo, no hace mucho, en un debate televisivo, se pontificaba acerca del “síndrome amotivacional” en relación al consumo de cannabis. Si bien es cierto que un programa de televisión no es un lugar muy propicio para la serenidad que las ciencias requerirían, sostener con rotundidad determinadas “verdades” hoy en día, sin matices de ningún tipo, no siempre encaja con el rigor científico. Es esta mezcla de ciencia y opinión lo que termina por  conformar la percepción social sobre temas como: los jóvenes/las drogas.

Es importante contemplar una investigación científica que aporte conocimiento sobre los riesgos relacionados con las formas actuales de consumos de sustancias y nos ayude a orientar estrategias preventivas.

2. Calidad metodológica de los programas

La mejora cualitativa de los programas de prevención pasa por realizar una evaluación diagnóstica del colectivo al que se dirigen, para poder formular  con más rigor los objetivos a alcanzar. Según las necesidades detectadas, los objetivos preventivos podrán ir encaminados bien a conseguir el no consumo o el retraso de la edad de inicio, bien en colectivos con un incipiente consumo, a la reducción de daños y riesgos. Además de realizar la evaluación diagnóstico para formular los objetivos, es importante implementar los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo la evaluación del proceso, de resultados e incluso del impacto.

Es recomendable también, y de acuerdo con lo expresado en el apartado anterior sobre el desarrollo del conocimiento y buenas prácticas, poner en marcha sistemas de registro, estables y obligatorios, para la recogida y difusión de la documentación técnica relativa a los programas ya implementados, con el doble propósito de retener y almacenar la experiencia adquirida y de facilitar su transferencia hacia otras iniciativas con propósitos similares.

Sería también conveniente, favorecer la puesta en marcha de programas cuyo horizonte de funcionamiento sea plurianual.

3. Cualificación de los profesionales y mediadores

En el ámbito de la prevención la estrategia básica pasa por mejorar la cualificación e incrementar la competencia de los profesionales que  se dedican a estas tareas. La prevención no puede sustentarse en la mera transmisión de los contenidos de unos materiales, sino que requiere el protagonismo de profesionales bien preparados y con capacidad para tomar decisiones sobre el terreno en torno al desarrollo de los programas preventivos. En este sentido, al profesional de la prevención se le debe requerir un nivel adecuado de formación y una experiencia preventiva contrastable. No podemos mantener la idea de que cualquier titulado sin apenas preparación puede dirigir un programa de prevención.

La noción de mediador social, válida en su definición para las estrategias de Reducción del Daños y Riesgos, debe revisarse en el territorio de la prevención. Hoy necesitamos mediadores más cualificados que, sin perjuicio de la participación ciudadana de acuerdo con la perspectiva comunitaria de los programas, sean capaces de comprometerse en el desarrollo de las propuestas de los profesionales especializados. Para ello es necesario hacer un mayor esfuerzo en la formación de estas personas que pueden desempeñar roles clave en la cotidianeidad de los programas preventivos.

4. Aspectos referidos a la coordinación

 Es precisa una mejora en la coordinación entre las instituciones públicas y las entidades sociales que intervienen en el ámbito de la prevención, creándose espacios de encuentro y concertación, y haciendo un esfuerzo de unificación de criterios y de clarificación de competencias y funciones.

Entendemos, por otra parte, que podrían ser impulsadas nuevas vías de trabajo conjunto con sectores que tradicionalmente y de una forma poco justificada se han mantenido al margen de la intervención preventiva. Nos referimos concretamente al trabajo con fuerzas policiales y centros penitenciarios lográndose así superar el discurso estereotipado de las “dos orillas”. Partiendo de nuestra experiencia con ambos sectores podemos afirmar que existe una clara motivación y disposición en este sentido.

5. Reconocimiento de la diversidad juvenil

Resulta obvio que esa categoría que denominamos “juventud” se encuentra integrada por una amplia pluralidad de formas y estilos de ser joven. Una diversidad que exige actuaciones diferenciadas en función de los diferentes colectivos a los que se dirijan las propuestas preventivas.

Esta diversidad resulta particularmente intensa si aludimos a esa “otra juventud” que habita la periferia de los discursos oficiales (jóvenes gitanos, inmigrantes, etc.).  Estas personas aportan su diferencia cultural al modo en que se relacionan con las drogas, y pueden requerir, en consecuencia, actuaciones preventivas que incluyan tales diferencias.

En este sentido, los programas y servicios prevalentes no siempre responden a las necesidades de estos jóvenes, por lo que será preciso considerar:

  • Consumo de sustancias. Cada cultura tiene sus propios rituales asociados a las drogas y sus propios argumentos para justificar los consumos. Atenderlos a la hora de diseñar cada intervención contribuirá a obtener resultados positivos.
  • Necesidad de que estos colectivos juveniles se beneficien, en igual medida que el resto de la población, de los programas de prevención. Es necesario el desarrollo de programas de prevención comunitarios que recojan las peculiaridades y diferencias culturales de estos colectivos, y que contemplen a sus miembros como principales actores de la prevención dentro de su comunidad.
  • Falta de instrumentos de intervención adaptados. Es necesario desarrollar actividades de prevención y materiales didácticos e informativos con contenidos que se adapten a las especificidades culturales de estos colectivos juveniles y que contemplen su diferencia.
  • Dificultades de acceso a la red de servicios normalizados. Es preciso promover los servicios de atención a drogodependientes en estos colectivos, facilitando información sobre su funcionamiento, a la vez que flexibilizando su estructura  y favoreciendo un mayor conocimiento del perfil sociocultural de la población a atender.
  • Necesidad de involucrar a los miembros de estos colectivos en la resolución de los problemas relacionados con las drogodependencias. Implicar a las familias y a las comunidades, a través de su capacitación, para que dispongan de herramientas que les permita hacer frente al fenómeno de las drogas. Es por ello necesario diseñar e impartir acciones formativas que favorezcan la formación y capacitación de los mediadores interculturales y agentes comunitarios de salud que sean los impulsores de acciones comunitarias de asistencia y prevención de drogodependencias.

ESCENARIOS DE ACCIÓN PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

1. Prevención comunitaria

El adjetivo “comunitario” se refiere a formas de intervención que nacen y se desarrollan con la complicidad de la “comunidad organizada”, como fórmula para reconocer e identificar la influencia que ejercen los contextos microsociales (familia, escuela, amigos, barrio…) en el origen y evolución de los consumos de drogas, y actuar de manera simultánea en diferentes espacios de socialización por medio de acciones orientadas a reducir riesgos relativos al consumo de drogas.

Así pues, la mayor parte de las tareas de cualquier programa social que se realiza sobre un territorio determinado, que en general se corresponde con los límites municipales, con independencia de las competencias administrativas formales (lo local constituye el ámbito de actuación para una mayoría de intervenciones), nos obliga a utilizar propuestas de las metodologías comunitarias, realizar diagnósticos de realidad participados por la comunidad y en especial por los propios jóvenes, para adaptar las estrategias resultantes.

Una parte importante de nuestras tareas se refieren a la necesidad de que las diferentes instituciones y organizaciones sociales presentes en el territorio asuman los roles y las responsabilidades que en relación con la prevención les corresponden.

Valoramos los abordajes desde una perspectiva comunitaria, basados en la participación y el compromiso de la comunidad (instancias públicas, profesionales de prevención e intervención social y sanitaria y ciudadanía en la que se cuenta con los propios jóvenes) como mejor opción para adecuar y articular múltiples acciones preventivas hacia diferentes ámbitos de la comunidad. Entendemos que es necesario apostar por el desarrollo de Planes y programas comunitarios que cuenten con apoyo de diferentes niveles de la administración, y con la complicidad necesaria de los representantes políticos de los municipios. Planes y programas que deberán ser acompañados siempre por profesionales cualificados para dinamizar la comunidad y orientar acciones preventivas de rigor.

2. Prevención familiar

 El ámbito familiar es un pilar fundamental en la educación y prevención del consumo de drogas. Con el fin que la familia pueda asumir sus responsabilidades de atender de forma positiva la educación de sus hijos y favorecer posiciones de protección ante los riesgos del consumo de drogas, entendemos que sería necesario:

  • Revertir por medio de políticas públicas de empleo la dificultad creciente para conciliar el tiempo laboral con la vida familiar, con objeto de que las familias puedan atender de mejor manera sus responsabilidades educativas. Aun cuando existan instancias socializadoras complementarias en la comunidad, la familia es fundamental para el desarrollo afectivo y la promoción de factores de protección.
  • Sensibilización y Orientación a las familias para que contribuyan, a través de su ejercicio como modelos y mediante el desarrollo de estilos educativos adecuados, a reforzar en sus hijos e hijas conductas críticas, en especial hacia el consumo, fortalecer la capacidad para tomar decisiones a partir de la información y la reflexión, desarrollar habilidades para expresarse y relacionarse, favorecer alternativas de tiempo libre y de relación con amistades, etc. Orientación que, en el caso de padres de adolescentes, deberá dotarles de información que les permita comprender los procesos característicos de dicha etapa, competencias para atender y dialogar sobre aspectos específicos relacionados con el consumo de drogas y estrategias efectivas de actuación ante la posibilidad de tales consumos.Acciones de sensibilización que pueden desarrollarse desde el medio escolar o de atención primaria de Salud y Servicios Sociales, en la medida en que existan profesionales debidamente formados para dicha acción, así como a partir de estrategias diversas de comunicación que nos permitan conseguir una cobertura suficiente.
  • Acompañamiento y apoyo específico a familias de alto riesgo. Acción que puede ya establecerse durante los primeros años de vida del bebé, o posteriormente en cuanto existan formas de detección precoz y profesionales preparados para ello.
  • Establecimiento de espacios de apoyo a la familia que puedan acoger demandas múltiples referidas a situaciones de vulnerabilidad y problemática familiar, así como también las referidas al consumo de drogas.  
  • Acompañamiento y apoyo específico a familias de alto riesgo. Acción que puede ya establecerse durante los primeros años de vida del bebé, o posteriormente en cuanto existan formas de detección precoz y profesionales preparados para ello.
  • Establecimiento de espacios de apoyo a la familia que puedan acoger demandas múltiples referidas a situaciones de vulnerabilidad y problemática familiar, así como también las referidas al consumo de drogas.  

3. Prevención en el medio educativo

3.1. Falta de un marco sólido en el sistema escolar

Desde su aprobación en 1990, la LOGSE estableció un marco filosófico para el desarrollo en la escuela de la prevención de las drogodependencias. Se trataba de la educación para la salud, una de las líneas transversales que, careciendo de un territorio educativo propio, estaba llamada a “impregnar” el conjunto del quehacer educativo. No parece que la “transversalidad” se haya generalizado en la práctica, más allá de convertirse en un constructo teórico generalmente bien admitido.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) que actualmente se debate en nuestro país, parece desterrar tal concepto. Pero no para sustituirlo por una propuesta más sólida, sino para sentenciar toda posibilidad de abordaje de estos contenidos en el currículo escolar.

Entendemos que es necesario garantizar cauces para asegurar que la educación para la salud y la prevención sobre drogas formen parte del trabajo educativo en el medio escolar. Los documentos y proyectos previos de la LOE apenas desarrollan estos aspectos. Resulta imprescindible que el sistema educativo garantice un adecuado enfoque de la educación para la salud y la prevención sobre drogas, en igualdad de condiciones a las respuestas educativa a otros problemas sociales similares.

Por otra parte, consideramos oportuno destacar la condición de externalidad de la mayoría de los programas de prevención escolar que se están aplicando en este momento en España, puesto que estos no proceden del sistema educativo ni han obtenido su acreditación. Se trata de programas con otro origen administrativo (salud pública, bienestar social, etc.) que pugnan por hacerse un Profesorado que, por otra parte, con frecuencia carecía, por su propia biografía profesional, de una adecuada formación en las técnicas y dinámicas grupales en las que la mayoría de los programas preventivos se basan, lo cual no podía hueco en la voluntad del profesorado. Educadoras y educadores para quienes se trata de una tarea “extra”, que no necesariamente el sistema del que forman parte espera de ellos.

Hoy por hoy, si los servicios de prevención municipales decidieran orientar sus recursos y propuestas en otra dirección, lo cual es perfectamente posible en el marco de sus competencias, la prevención escolar en España se vería seriamente comprometida, en la medida en que está siendo sostenida por instituciones públicas y organizaciones sociales ajenas al sistema educativo.

3.2. Déficit de implementación

La inmensa mayoría de los programas de prevención escolar han coincidido en el criterio teórico y operativo de depositar en manos del profesorado (tutores, etc.) su dinamización efectiva. Educadoras y educadores que tenían que hacer ímprobos esfuerzos para “encajar” los programas preventivos en sus propios programas (curriculares, tutoriales, etc.) sino precarizar el desarrollo de los programas.

Nos podemos encontrar con excelentes programas, sustentados en modelos teóricos refrendados por las ciencias sociales, construidos con criterios didácticos en cuanto a sus elementos prácticos (dinámicas, número de sesiones, grafismo de los materiales, atractivo, etc.), que devienen inversiones fallidas porque sus potenciales usuarios, el profesorado de las distintas etapas, no encuentran el momento ni disponen de la formación adecuada para su implantación.

3.3.  Optimización de recursos

Valoramos que, en relación con las medidas preventivas orientadas al medio escolar, ha existido un exceso y duplicidad de materiales didácticos respecto a propuestas ya preexistentes, lo cual denota una falta de optimización de recursos que ha contribuido a realizar inversiones superfluas que podrían haber tenido un destino más prometedor.

3.4. Programas formativos de iniciación profesional

Constatamos que existe una considerable carencia de programas preventivos para los adolescentes que cursan las diferentes modalidades formativas de iniciación profesional existentes. Es prioritario corregir esta situación ofertándoles acciones preventivas de carácter más personalizado, ya que en algunos casos, son adolescentes que han sufrido fracaso escolar y tienen un mayor riesgo de establecer una relación más problemática con las drogas.

También valoramos como necesario prestar apoyo y orientación formativa al equipo educativo, con el fin de dotarles de capacidad para el desarrollo de propuestas preventivas, así como respecto a estrategias de actuación en función de ciertas situaciones de consumo manifiesto de drogas.

4. Prevención en poblaciones en riesgo

 La prevención dirigida a colectivos en situación de riesgo en nuestro país ha tenido un desarrollo muy limitado, en la medida en que la gran mayoría de programas se han orientado preferentemente hacia el amplio espectro de la infancia y la adolescencia, mayoritariamente menores de 16 años escolarizados, y con objetivos de prevención o retraso del consumo.

La extensión de los consumos de drogas vinculados a riesgos específicos (como por ejemplo, las drogas y la conducción, las drogas en el medio laboral, las drogas en lugares de ocio) y la constatación de una presencia importante de jóvenes en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, jóvenes iniciados en el menudeo de drogas, grupos socialmente desfavorecidos, familias de riesgo, jóvenes no escolarizados) que se hallan en mayor riesgo de presentar problemas relacionados con las drogas, hace necesario el desarrollo prioritario de actuaciones más ajustadas a las necesidades de estos colectivos.

Para una acción preventiva orientada a la población juvenil en situación de riesgo es preciso:

  • Favorecer el desarrollo de múltiples vías de comunicación y estrategias imaginativas e innovadoras que nos permitan llegar a estos grupos.
  • Asegurar medios para una detección precoz desde el ámbito escolar y de atención primaria social y sanitaria, así como desde la propia calle y los espacios juveniles de encuentro.
  • Contar con profesionales de primera línea, en contacto con adolescentes, suficientemente preparados para la identificación de situaciones de riesgo, su abordaje y, en caso necesario, derivación a recursos adecuados.
  • Disponer de programas y servicios adaptados que centren su actuación en evitar que surjan problemas relacionados con el consumo de drogas, desde un modelo de acción preventiva de reducción de daños y riesgos, y sean puente para el acceso a redes de apoyo social normalizadas de la comunidad (salud, servicios sociales, familias, centros educativos...) con capacidad para atenderles.

5. Prevención en el medio laboral

Existen diferentes factores de riesgo específicos del contexto laboral que hacen más probable la conducta del consumo inadecuado de drogas, pero estos no actúan solos, sino que lo hacen en interacción con otros factores individuales y los sociales.

El ámbito laboral no es preventivo para una gran mayoría de los jóvenes, mantiene de manera persistente indicadores de precariedad que dificultan el tránsito responsable a la vida adulta mediante la construcción de una identidad propia y un proyecto vital autónomo. Esto se encuentra ligado a un modelo de vida que mantiene la evasión, la euforia o la anestesia como forma preferente de vivir. Una manera de vivir que favorece comportamientos de consumo inadecuados con posibilidades de convertirse en consumos dependientes.

El ámbito laboral es un espacio de socialización importante para la juventud. En él relacionaran su propia biografía educativa con la construcción de su biografía laboral. Los factores de riesgo personales y socio-laborales que propician la persistencia del uso de drogas, transformando lo que empezó a ser un contacto experimental o instrumental, en un uso arriesgado con posibilidades de convertirlo en uso dependiente, se activan dentro de los diferentes ámbitos, incluido el laboral.

Las intervenciones preventivas en el ámbito laboral, dirigidas a jóvenes, son en la actualidad una asignatura pendiente. Los programas de prevención han circunscrito preferentemente su aplicación a los ámbitos familiar y escolar, como si el joven, al incorporarse al mundo laboral, desapareciera como destinatario de acciones preventivas. Hoy en el mundo laboral, salvo programas dirigidos al conjunto de los trabajadores, en relación al tabaco (campañas sobre el tabaquismo pasivo y cursos de deshabituación) y la identificación precoz y abordaje asistencial de situaciones de alcoholismo, no parece haberse avanzado mucho en esta cuestión.

El ámbito laboral es un medio que permite seguir accediendo a una población juvenil que, no relacionada ya con el medio educativo, mantiene acceso a espacios de ocio y dispone de mayores recursos económicos para el consumo. Una acción preventiva que, por otro lado, nos permitiría atender a jóvenes que, habiendo fracasado en su itinerario escolar, se incorporan al trabajo a temprana edad, ocupando puestos generalmente muy precarios, que pueden favorecer su frustración y el incremento de consumos de riesgo.

La acción preventiva en este ámbito debería impulsar estrategias focalizadas hacia los sectores laborales y las condiciones de trabajo en las que los riesgos asociados al consumo de drogas (efectos negativos a la salud, siniestralidad, etc.) pueden tener mayor presencia. Orientación operativa que debería desprenderse de un diagnóstico de las particularidades culturales, productivas y organizacionales de la empresa.

La acción preventiva en el ámbito laboral conlleva beneficios directos para el joven trabajador, al evitar o reducir las consecuencias y daños asociados al consumo de drogas. Conlleva, así mismo, beneficios para la empresa, al incrementar la seguridad en el trabajo, disminuir los índices de siniestralidad (con la consiguiente reducción de costos de prestaciones médicas y de seguros), mejora el clima laboral, los niveles de productividad y la calidad del producto y/o servicio. Habida cuenta de los efectos positivos de estos programas sobre el conjunto del sistema organizativo de la empresa, sería lógico pensar que existen posibilidades reales de acuerdos y colaboración en pro de objetivos preventivos por parte de los diferentes integrantes de la empresa (Dirección, servicios de prevención, organizaciones sindicales, trabajadores, etc.).

Es necesario incorporar en este ámbito, de la mano de los planes de Salud global fijados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, programas de prevención que promuevan  factores de protección en relación a conductas y hábitos de consumo y a condiciones de trabajo con capacidad para modular e incidir en estas conductas.

Es necesario introducir en la negociación colectiva, en la unidad de negociación correspondiente a la salud, programas preventivos, alejándose de la improvisación y del desarrollo de campañas de sensibilización esporádicas de dudosa eficacia.

6.  Prevención en espacios de ocio

6.1. La prevención en espacios de ocio no puede sustituir a las políticas públicas de promoción del ocio

El ocio ha adquirido un papel central en la dinámica de nuestras sociedades. En el caso de la juventud está sustituyendo a otras formas tradicionales de socialización. Resulta por ello difícil imaginar una política preventiva que no se plantee intervenir en este ámbito.

Sin embargo, esta evidencia se ve cuestionada por la falta de políticas públicas relacionadas con la promoción del ocio. Un déficit que, en el contexto del siglo XXI equivaldría, por ejemplo, a dejar al sistema educativo al albur de la iniciativa privada, sin una regulación que lo ordenara. Una carencia que ha tratado de resolverse desde la particularidad de las políticas de drogas.

Las demandas y presiones ciudadanas y mediáticas en torno a los problemas asociados al ocio nocturno no son ajenas a esta realidad. Pero la identificación de estas demandas como un mero “problema de drogas”, ha impedido afrontar la falta de intervención pública en materia de ocio.

6.2. Apoyar programas de ocio alternativo basados en una metodología participativa

Las evaluaciones de los programas de ocio alternativo muestran la efectividad de aquellas intervenciones basadas en una estrategia participativa y un modelo comunitario de implicación de los agentes sociales. En este sentido, se han obtenido resultados positivos al fomentar la participación juvenil, especialmente en aquellos municipios en los que los programas han conseguido que adultos y jóvenes, vecinos y hosteleros, y otros agentes sociales, resuelvan sus diferencias y contribuyan a construir modelos de ciudad más habitables.

Como resultado de esta evidencia, consideramos inadecuado seguir destinando partidas presupuestarias de prevención a iniciativas que tienen como propósito la promoción de actividades de ocio que diversifiquen la oferta homogénea de la industria recreativa. Actividades que deberían ser sostenidas desde instancias diferentes a las políticas de drogas (Juventud, Cultura, Medio Ambiente, Participación Social y Seguridad, etc.) Iniciativas que, no siendo preventivas per se, requerirían el desarrollo en su seno de acciones propiamente preventivas del estilo que hemos señalado.

Consideramos, pues, más acertado apostar por aquellos programas que, teniendo a los propios jóvenes como protagonistas, tanto en su diseño, como en su gestión e implementación, guarden relación directa y específica con la utilización del ocio y tiempo libre, y el consumo problemático de drogas. Programas que deberán tener en cuenta la extraordinaria pluralidad y el continuo cambio de las experiencias juveniles de ocio.

6.3. Espacios de ocio seguros y saludables

Por otra parte, y atendiendo a la participación masiva de jóvenes en espacios de ocio nocturno en lo que se produce un considerable consumo de drogas legales e ilegales, es necesario favorecer estrategias preventivas orientadas a reducir riesgos e incidencias negativas, actuando sobre las condiciones de salud y seguridad de estos espacios, y enfatizando los consumos indebidos de alcohol como droga más utilizada.

Para la promoción eficaz de este tipo de iniciativas es preciso desarrollar estrategias comunicativas y promover procesos de implicación activa y de colaboración entre distintos agentes y sectores interesados en favorecer entornos de ocio nocturno más saludables y seguros.

Resulta ineludible contar con el sector privado directamente vinculado con la oferta de ocio festivo (bares, pubs, discotecas, festivales, etc.), que debe asumir un rol de corresponsabilidad en la búsqueda y aplicación de respuestas a los problemas existentes.

6.4. Promoción de un ocio no meramente recreativo

Por último, el desarrollo de políticas preventivas relacionadas con el ocio debe complementarse con el estímulo de actividades de tiempo libre alejadas de finalidades festivas y de carácter comercial.

Un ocio formativo y no meramente recreativo como el representado por los centros recreativos de educación en el tiempo libre, y otras actividades vinculadas a entidades juveniles o entidades deportivas, que integren entre los objetivos propios de su actividad, objetivos específicos de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas.

RECOMENDACIONES

Como conclusión, las entidades miembros del Grupo de Trabajo, presentamos las siguientes recomendaciones:

 1.    Las políticas públicas en la materia que nos ocupa deben trabajar para cuestionar críticamente el binomio juventud/consumo de drogas.

2.    Es necesario reforzar percepciones sociales equilibradas sobre los consumos de drogas, que huyan tanto del tremendismo como de la indiferencia.

3.    Las relaciones juveniles con las drogas deben considerarse desde la óptica de los estilos de vida que las condiciones sociales actuales (precariedad creciente y dificultad para construir proyectos de vida sólidos, trascendencia del ocio, etc.) favorecen.

4.    Las políticas públicas en esta materia deben formar parte de las políticas globales de Sanidad, Bienestar Social, Educación, Juventud y Justicia e Interior.

5.    Es necesario priorizar políticas preventivas específicas, renunciando a políticas inespecíficas que corren el riesgo de diluirse por falta de un marco de actuación propio.

6.    Para que la prioridad atribuida a la prevención en los discursos públicos sea efectiva, debe reflejarse en la distribución del gasto público en drogodependencias.

7.    Es preciso incrementar la dotación presupuestaria de las políticas preventivas, así como explorar fórmulas de financiación que garanticen la continuidad de los programas y permitan sustraerlos de la incertidumbre y la precariedad.

8.    Las políticas preventivas deben contemplar la necesaria participación de la sociedad civil en los distintos momentos de su desarrollo.

9.    Las políticas públicas en la materia deben incorporar plenamente los programas orientados a la reducción de daños, adquiriendo así una perspectiva más globalizadora.

10.     Es preciso impulsar investigaciones que aporte conocimiento sobre los riesgos relacionados con las formas actuales de consumos de drogas y ayuden a orientar las estrategias preventivas.

11.     Es necesario mejorar la calidad de los programas, avanzar en procedimientos de registro y acreditación, y favorecer su plurianualidad.

12.     Es preciso fortalecer la formación de los profesionales de la prevención, así como la de aquellas personas sobre las que, en su calidad de mediadores, pivotan buena parte de las acciones preventivas locales.

13.     Es necesario garantizar formas efectivas de coordinación y comunicación entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales.

14.     Las políticas preventivas dirigidas a la juventud deben contemplar la existencia de una considerable pluralidad en el “ser joven” actual de nuestro país, evitando intervenciones que desatiendan a sectores juveniles importantes.

15.     Apostamos por reforzar la perspectiva comunitaria de las acciones preventivas.

16.     Para reforzar el compromiso preventivo de las familias españolas estimamos necesario avanzar en el establecimiento de políticas que concilien la vida laboral con la vida familiar.

17.     El sistema educativo debe contemplar de manera explícita la necesidad de que la escuela invierta tiempo educativo en el desarrollo de propuestas preventivas.

18.     Los adolescentes que siguen itinerarios formativos para la iniciación profesional, deberían tener ocasión de participar en acciones preventivas que reconozcan su singularidad.

19.     Las poblaciones juveniles con especial riesgo deben ser objeto de actuaciones específicas dinamizadas por los profesionales en contacto con ellos (educadores, sanitarios, sociales, etc.), que permitan reflexionar sobre la relación con las drogas, identificar situaciones de riesgo y actuar de manera adecuada a cada situación.

20.     El ámbito laboral debe incluir, en el marco de los programas de promoción de la salud inspirados por la LPRL, propuestas preventivas específicas relacionadas con las drogas.

21.     La creciente trascendencia del ocio en la vida de la juventud española hace necesario el desarrollo de actuaciones preventivas en este ámbito, basadas en aquellas metodologías participativas que hayan probado su eficacia.

RECOMMENDATIONS

The entities belonging to the Work Group present the following recommendations:

 1.    The public policies on the matter must work in order to critically analyze the couple youth/drugs consumption.

2.    It is necessary to strengthen well-balanced social perceptions on drugs consumption which avoid both tremendism and indifference.

3.    The youth relationships with drugs must be considered from the point of view of life styles favoured by the current social conditions (growing precarity, difficulty developing sound life projects, significance of leisure time, etc.).

4.    The public policies on the matter must be integrated into the global policies of Public Health, Social Wellbeing, Education, Youth and Justice and Home Office.

5.    It is necessary to give priority to specific preventive policies, renouncing to non specific policies which may dilute due to the lack of an appropriate action frame.       

6.    In order to make effective the priority given to prevention at public speeches, it must be reflected in the distribution of the drugdependencies public expenditure.

7.    There is the need to increase the budgetary resources of the preventive policies, and also to explore new financing formulae which guarantee the programmes continuity and allow finishing off the uncertainty and precarity.

8.    The preventive policies must take into account the necessary participation of civil society at different stages of its development.

9.    The public policies on the matter must incorporate the programmes aimed at the reduction of harm, acquiring this way a more globalizing perspective.

10. We need to impel investigations which provide knowledge about the risks related to the current drug uses and help directing the preventive strategies.

11. We also need to improve the quality of the programmes, to advance in register and accreditation proceedings and to favour them to last for several years.

12.  It is required to strengthen the prevention practitioners formation, and also that of those people who participate in most of the local preventive actions as mediators.

13.  It is essential to guarantee effective ways of coordination and communication between the public administrations and the social organizations.

14.The preventive policies directed to youth must consider the existence of a considerable plurality of the current “young being” in our country, avoiding interventions which neglect important youth sectors.

15.  We opt for reinforcing the community perspective of the preventive actions.

16. In order to strengthen the preventive compromise of the Spanish families we need to advance in the establishment of policies which reconcile labour life with family life.

17.Education system must consider the need that schools invest education time on the development of preventive proposals in an explicit way.

18.Teenagers who follow formative itineraries for the professional initiation should have the opportunity to take part in preventive actions which recognize their singularity.

19.Youth populations under special risk must be the object to specific actions dynamized by practitioners who are in touch with them (educative, health, social practitioners, etc.). These actions must allow considering the relationship with drugs, identifying risk situations and acting in the appropriate way in every situation.

20.The labour field must include specific preventive proposals related to drugs in the frame of the health promotion programmes inspired by the LPRL (Spanish law of Labour Risk Prevention).

21. The growing importance of the leisure time in the life of the Spanish youth makes necessary the development of preventive actions in this field. Actions which are based on those participating methodologies whose effectiveness has been proved.

ENTIDADES PARTICIPANTES

 

- Acción Familiar
- Asociación Bienestar y Desarrollo
- Asociación de entidades de centros de día de dependencias (ASECEDI)
- Asociación Deporte y Vida
- Asociación DIANOVA
- Asociación Proyecto Hombre
- Asociación Red Araña. Tejido de Entidades Sociales por el Empleo
- CC.OO.
- Confederación de Entidades Promotoras de Programas Proyecto Hombre
- Consejo de la Juventud
- Cruz Roja Española
- Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España
- Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE)
- Federación de Mujeres Progresistas
- Federación Española de Enfermos Alcohólicos y Familiares (A.N.D.A.R.)
- Fundación Alcohol y Sociedad
- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
- Fundación EDEX
- Fundación Secretariado General Gitano
- Grupo GID
- Instituto de Reinserción Social (IRES)
- Red Araña. Tejido de Entidades Sociales por el Empleo
- UGT
- UNAD